Luego de varias demoras, el regulador brasileño de telecomunicaciones, Anatel, aprobó las reglas generales para la subasta de espectro móvil de quinta generación del país, que se realizará el 4 de noviembre.
Los bloques se subastarán en cuatro bandas de frecuencia: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz durante un período de 20 años, y el gobierno brasileño espera atraer aproximadamente 50.000 millones de reales (9.370 millones de dólares) en ofertas.
Los licitadores seleccionados también deberán invertir 40.000 millones de reales (7.500 millones de dólares) en infraestructura; Los requisitos también incluyen proporcionar conectividad a las carreteras de todo el país, así como a miles de escuelas en todo el país.
De acuerdo con las reglas, que se publicarán en su totalidad el lunes, el cronograma de implementación hará que 5G esté disponible en las capitales brasileñas para el 31 de julio de 2022. Sin embargo, las ciudades más grandes, incluida São Paulo, recibirán el servicio antes de fines de 2021.
Las ciudades brasileñas con más de 500.000 habitantes verán 5G implementado hasta el 31 de julio de 2025, mientras que la fecha límite para las localidades con más de 200.000 habitantes es el 31 de julio de 2026. Las ciudades con más de 100.000 habitantes tendrán 5G el 31 de julio de 2027, y el servicio estará disponible en localidades con más de 30.000 habitantes a partir del 31 de julio de 2028.
El anuncio de una fecha para la subasta 5G de Brasil, la subasta de telecomunicaciones más grande del país en la historia, sigue a una serie de demoras y controversias. Antes de dar su sello final de aprobación al aviso, el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) de Brasil enfrentó cierto rechazo interno en relación con algunos de los puntos descritos en las reglas de la subasta.
El ministro del TCU, Aroldo Cedraz, quien había estado siguiendo el trabajo realizado por el equipo técnico de la Corte, votó en contra de la decisión y solicitó una postergación de 60 días para analizar más a fondo los puntos planteados por el equipo técnico de la Corte, que incluían la implementación de un , red privada de comunicaciones para el gobierno y el despliegue de fibra óptica en ríos de la región amazónica, ambos considerados ilegales, además de errores en la metodología de tarificación de bandas de frecuencia.
Al justificar su decisión, señaló que permitir que la subasta se llevara a cabo en los términos propuestos sería un paso atrás. «En este caso, estaríamos condenando a Brasil y sus ciudadanos a vivir otros 20 años con servicios de telecomunicaciones caros y de baja calidad», dijo el ministro.