Un empresario se declaró culpable de los cargos presentados en su contra por vender y usar herramientas de vigilancia y malware en México y Estados Unidos.
El 15 de febrero, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) dijo que Carlos Guerrero, residente de Chula Vista, California y Tijuana, México, admitió haber «conspirado para vender y usar herramientas de piratería fabricadas por empresas privadas en Italia, Israel y otros lugares». «
El hombre de 48 años compareció ante un tribunal federal de San Diego, donde los fiscales alegaron que Guerrero era propietario de una serie de empresas registradas en Estados Unidos y México que se utilizaban como agentes de venta de «herramientas de interceptación y vigilancia».
Según el Departamento de Justicia, las firmas trabajaron con clientela del gobierno mexicano, clientes comerciales y privados.
En 2014 y 2015, Guerrero trabajó con una empresa italiana que desarrolló herramientas para piratear dispositivos y rastrear la ubicación de las víctimas.
Con el tiempo, el empresario amplió su alcance y aseguró más acuerdos de corretaje con otros desarrolladores de software de vigilancia ubicados en Israel y en otros lugares.
Entre 2016 y 2017, Guerrero negociaba las ventas de hardware capaz de bloquear señales, kits diseñados para interceptar y espiar conexiones Wi-Fi, receptores IMSI y software capaz de comprometer el sistema de mensajería de WhatsApp.
“Guerrero admitió saber que, en algunos casos, sus clientes del gobierno mexicano tenían la intención de usar el equipo de interceptación con fines políticos, en lugar de fines legítimos de aplicación de la ley”, dicen los fiscales.
En un ejemplo, Guerrero «a sabiendas» arregló que un alcalde en México usara las tecnologías negociadas para ingresar a las cuentas de iCloud, Hotmail y Twitter de un rival. En otro, un representante de ventas con sede en Florida fue atacado por sus registros telefónicos y de correo electrónico a cambio de un pago de $25,000.
Guerrero aún no ha sido sentenciado. Se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
«El mundo en el que vivimos está cada vez más interconectado por tecnología destinada a mejorar nuestras vidas, pero como se ve en este caso, esta misma tecnología puede ser adquirida por malos actores con intenciones dañinas», comentó Chad Plantz, agente especial a cargo de HSI San Diego. . «HSI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley seguirán comprometidos a llevar ante la justicia a quienes intenten manipular estas plataformas con fines nefastos».
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